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El nuevo edificio de vivienda asequible comenzará su construcción este 2024

  • El inmueble será eficiente desde el punto de vista energético y cumplirá los requisitos de gestión de residuos, circularidad o preservación del medio ambiente

La empresa municipal Pimesa celebró este martes su consejo de administración. Una reunión en el que se informó de la recepción del proyecto de ejecución para la construcción de un edificio de 76 viviendas, 2 locales comerciales y garaje para 75 aparcamientos sobre una parcela situada en la calle Mestre Ángel Llorca. El nuevo edificio se ha concebido para su uso íntegro en régimen de alquiler asequible durante un plazo de explotación de 50 años, debido a la alta demanda existente y las necesidades ciudadanas.

La inversión total es de 9,1 millones de euros y la empresa municipal ya cuenta con los proyectos técnicos necesarios para licitar la ejecución de las obras de construcción del edificio. Según el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, el edificio será eficiente desde el punto de vista energético, con un consumo de energía primaria no renovable inferior al 20 % respecto a los valores establecidos para edificios nuevos destinados a uso residencial-vivienda. Además, cumplirá los requisitos de gestión de residuos, circularidad, preservación del medio ambiente y etiquetado climático y medioambiental.

En este sentido, el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, ha apuntado que se cumplen los requisitos de sostenibilidad y a nivel social para solicitar una subvención de fondos europeos. La idea es que las obras del puedan comenzar este 2024.

Según Soler, para el alquiler de las viviendas se priorizará el criterio social, con unos ingresos máximos de 4,5 veces el IPREM. El precio estimado del alquiler de una vivienda de dos dormitorios con plaza de garaje con gastos de comunidad se prevé en torno a unos 490 euros mensuales.

Por otra parte, el Consejo de Administración de Pimesa ha acordado reservar el edificio 77b.1 de Elche Campus Tecnológico a la mercantil que opera con la marca comercial KOALA BAY, un referente de moda innovadora con cerca de 50 tiendas en toda España que en 2022 más de 28 millones de euros. Según el edil del área, las instalaciones comprenderán más de 2.500 metros cuadrados útiles de oficinas en cinco plantas.

La mercantil prevé realizar un inversión superior al millón de euros y dará cabida a más de 200 trabajadores. Las obras de adecuación se iniciarán en el segundo trimestre de 2024 y poder instalarse a finales de este año en Elche Campus Tecnológico. El contrato tendrá un plazo inicial de 10 años de duración, con una renta mensual del inmueble de unos 13.500 euros más IVA, aunque la empresa tiene una opción de compra del edificio de entre 4 y 5 millones en función de la fecha en que pudiera ejercitarse.

Otro de los asuntos tratados en la reunión del Consejo fue la recepción del proyecto Básico y de ejecución para la realización de las obras de rehabilitación de 18 edificios del Barrio Porfirio Pascual. Pimesa presentará próximamente los proyectos ante las cuarenta comunidades de propietarios del barrio para su aprobación y ante el Ayuntamiento de Elche para la obtención de la correspondiente licencia de obras.

Al mismo tiempo, se aprobó la contratación de los servicios de asistencia técnica de redacción del proyecto de reurbanización del barrio. La intervención en Porfirio Pascual tiene un coste total subvencionable de 13 millones de euros, de los que cerca de 10 millones proceden de fondos europeos, una aportación de 1,9 millones del Ayuntamiento y el resto aportado por las personas residentes en el barrio.

Respecto al barrio de San Antón, el grado de ejecución del cuarto edificio sobrepasa el 82% y está previsto que las obras concluyan esta primavera. En las próximas semanas, Pimesa aprobará el pliego de condiciones para la venta de las 54 viviendas.

Asimismo, se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de demolición de los bloques de viviendas nº 11, 12, 13 y 14 del barrio, con un presupuesto base de licitación por importe de 1’4 millones de euros más IVA con un plazo máximo de cuatro meses y medio.

Según Soler, estos bloques “fueron declarados en situación legal de ruina por el estado de deterioro avanzado que presentaba su estructura”.

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