- Entre la mercancía retirada de la venta se encontraban vapeadores, cosméticos, artículos con fines terapéuticos o golosinas
- En algunos comercios, contraviniendo la normativa legal, se publicitaban los efectos terapéuticos de determinados productos
Durante la última semana de diciembre, Agentes de la Unidad de Inspección de Establecimientos de la Policía Local de Elche llevaron a cabo un operativo en comercios dedicados a la venta de productos con ingredientes derivados de la planta cannabis.
En la operación, que contó con la colaboración del Grupo de Apoyo a Operaciones y las Unidades de la Brigada Territorial de Policía Comunitaria de la propia Policía Local de Elche, se procedió a la inspección de un total de siete comercios de distribución minorista que tenían a la venta cosméticos que presentaban deficiencias en el etiquetado reglamentario, por lo que no cumplían con las debidas garantías sanitarias.
Asimismo, se procedió a la retirada de artículos de pretendido uso terapéutico, no autorizados, por carecer del registro sanitario de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
De igual modo, se incautaron diversas bebidas y golosinas, en forma de gominolas o chicles, por su contenido en cannabidiol, al no ser reconocido como un nuevo alimento seguro por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ante la falta de estudios sobre los posibles efectos en la salud de las personas.
Del mismo modo se detectaron dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, conocidos como vapeadores que, además de presentar deficiencias en su etiquetado, no contaban con la preceptiva autorización del Ministerio de Sanidad.
Además, se denunció a dos establecimientos por la publicidad de fines terapéuticos de algunos de los productos, incumpliendo los requisitos y exigencias previstas legalmente.
Durante la operación se decomisaron un total de 1.612 productos, que han sido remitidos, junto a las actuaciones policiales, a la Consellería competente en materia de Sanidad, que será la encargada de instruir el procedimiento administrativo, cuyas sanciones por infracciones leves podrían llegar hasta los 4.000 euros, o incluso alcanzar cuantías entre 150.000 y 3.000.000 euros en los casos más graves, además del decomiso o la clausura temporal, parcial o total de la empresa por un periodo de cinco años.
